Comenzó con un pedido de cuarto intermedio realizado por el convencional del bloque justicialista Rodrigo Vera, a fin de que el bloque opositor defina los suplentes que ocuparían las bancas disponibles. Tras ese receso, la presidenta de la Convención, Graciela de La Rosa, tomó juramento a Esteban Rubén Servín, del sublema Viva Formosa Libre, y a Fabián Firman, del sublema Libertad, Trabajo y Progreso, ambos del lema Confederación Frente Amplio Formoseño, quienes se incorporaron formalmente a la Convención.

Entre las modificaciones del artículo 164, se eliminó la mención al Procurador General como integrante del Superior Tribunal de Justicia, ya que dicho cargo pasará a formar parte del Ministerio Público junto con un Defensor General, replicando un esquema similar al que establece la Constitución Nacional. Además, se fija que el Superior Tribunal estará compuesto por cinco miembros, todos designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, manteniéndose así el mecanismo habitual de designación.

“Estamos debatiendo la garantía misma de la justicia, la seguridad jurídica y la confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones. Se define una estructura ordenada, coherente y eficiente que permite una correcta administración de justicia. Es un sistema de control y equilibrios que fortalece a nuestro sistema judicial”, explicó la convencional Valeria Méndez, responsable de detallar dichas modificaciones.

A su turno, la convencional del Frente Amplio Formoseño, Nilda Aguayo, solicitó incorporar la paridad de género al artículo presentado por Méndez, propuesta que fue aprobada por unanimidad del cuerpo y que establecerá la promoción de la igualdad de género en la composición del Superior Tribunal, según informó el convencional Rodrigo Vera.

Las modificaciones aprobadas para el artículo 166 incorporan un límite de edad para los ministros del Superior Tribunal de Justicia de 75 años. Al igual que la Constitución Nacional, se prevé la posibilidad de que puedan renovar su cargo por un término máximo de cinco años, previa solicitud del magistrado y con el acuerdo del Poder Legislativo y Ejecutivo.

De manera similar, se realizó una modificación en el artículo 167, ya que ahora también los jueces letrados, fiscales, asesores y defensores son inamovibles, pero se les aplica el límite de edad de 75 años para que exista uniformidad con lo dispuesto para el Superior Tribunal.

Luego de un cuarto intermedio entre el bloque oficialista y el radicalismo, el bloque mayoritario aceptó introducir nuevas modificaciones a los artículos en debate. En ambos textos, se reemplazó la expresión “hasta que dure su buena conducta” por una redacción que establece como criterios la “idoneidad y el buen desempeño”, en el ejercicio de los cargos.

Además, la Convención aprobó la incorporación de dos nuevos artículos. Uno de ellos otorga rango constitucional al Ministerio Público como órgano que integra la función judicial, con autonomía propia y autoridades definidas: el Procurador General y el Defensor General.

Por otro lado se establece que para ser designado como Procurador General o Defensor General, se requieren las mismas exigencias y procedimientos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales incompatibilidades, prohibiciones, prerrogativas, inmunidades e inamovilidad. También establece que pueden ser enjuiciados y removidos bajo las mismas reglas que se aplican a los integrantes del Superior Tribunal.

Respecto a la inclusión de estos artículos, la convencional Grissel Insfrán señaló: “Esta división entre procurador y defensor general refleja una visión republicana y de garantías, porque equilibra la persecución penal con el derecho de defensa. Es una decisión que implica un compromiso con la institucionalidad y con el estado de derecho”.

Finalmente, se modificó el artículo 150 para ampliar los requisitos de integración del Tribunal de Cuentas: ya no se exige que el presidente sea abogado ni que los vocales sean contadores, sino que sus miembros podrán ser profesionales de las ciencias jurídicas o económicas, ampliando así el perfil profesional requerido. Asimismo, se establece que su mandato será de ocho años, con posibilidad de una reelección.

“Esta actualización introduce un balance más acorde a los tiempos que vivimos, con una mirada más moderna tanto en la constitución, como en las instituciones. Esta reforma es un paso hacia un Tribunal más flexible en su conformación, más riguroso con sus miembros y más previsor en cuanto a su renovación”, concluyó la convencional Gisela Pratti.