El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a los Vicepresidentes 1ro. 2do. 3ro., Representados por Moreau Cecilia, Lospinnato Silvia, Cobos Julio y a la Comisión Permanente de Discapacidad a cargo de Arroyo Daniel, como así también, a la Presidente del Senado de la Nación, Victoria Eugenia Villarruel, a la Vicepresidente Primera Carolina Losada, a la Comisión Unicameral de Legislación General, cuya Presidencia ejerce Bartolomé Esteban Abdala, “que frente al dictado del Decreto Nº 534/25 firmado por el Presidente Javier Milei y mediante el cual VETÓ TOTALMENTE los proyectos de ley referidos a la recomposición de las jubilaciones y pensiones, la moratoria jubilatoria y la emergencia en discapacidad, se rechacen las decisiones del primer mandatario con la finalidad de que se de vigencia a esas leyes”. El Ombudsman Provincial, señaló que, los argumentos expuestos en los considerandos del Decreto Nº 534/25, presentan graves errores constitucionales y convencionales. En esta línea, afirmó que, se realizan citas parciales de la Constitución Argentina, invocando que el art. 75 inc. 19, le impone al Congreso como mandato constitucional, defender el valor de la moneda, pero no dice que el mismo artículo también le impone al Congreso, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso humano con justicia social y que el inc. 23 del mismo artículo, obliga al Congreso a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en particular, respecto de los ancianos y las personas con discapacidad. Por otra parte, en cuanto al financiamiento de los proyectos, el Gobierno Nacional desconoce el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obligan al Estado Argentino utilizar el máximo de los recursos para la plena efectividad de los derechos allí reconocidos. A esto se le suma que la totalidad de las leyes tienen su fuente de financiamiento y no se dice que no contamos con ley de presupuesto 2025 por propia voluntad del gobierno y ante esta situación, el Presidente de la Nación está facultado para reconducir partidas, “como lo hizo para pagar los intereses de las deudas o remitir fondos a la SIDE”, con lo cual, deberá reconducir las respectivas partidas para cumplir con la Constitución Nacional. Gialluca, añadió que, nadie en su sano juicio intenta provocar alguna ruptura del orden macroeconómico, o atentar contra el equilibrio fiscal, puesto que siempre vamos a estar a favor de que la inflación realmente baje en favor de los consumidores, pues en Formosa entendemos que los jubilados y los discapacitados poseen derechos y no son una variable de ajuste y por ello, el Gobierno de la Provincia continúa llevando adelante diversas acciones que son una verdadera política de estado. En este contexto, el superávit fiscal no se negocia, como tampoco se negocia el superávit social, pues gobernar manteniendo el equilibrio fiscal, implica hacerlo con la gente adentro del proyecto de país, y estas leyes no comprometen el superávit fiscal y llevan solamente “un poco, para no decir casi nada de soluciones a los sectores más castigados por el programa económico del actual Gobierno Nacional”.