Desde la -Dirección de Salud y Medicamentos- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció por ante el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Gabriel Gonzalo Oriolo, que la Delegación local posee desde hace meses, una notoria fragilidad funcional e Institucional que se traduce, en un grave deterioro en el acceso a las prestaciones de salud de los afiliados, a diferentes obras sociales y empresas de medicina prepaga, “alcanzando notoriedad la progresiva disminución de coberturas a favor de las personas con discapacidad”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que este Organismo tiene a su cargo el deber de garantizar el acceso efectivo, equitativo y oportuno a las prestaciones básicas de los afiliados y en particular a quienes poseen discapacidad, “mediante funciones indelegables de regulación, auditorías, fiscalización y control de obras sociales, entidades de medicina prepaga y de más agentes del sistema”. En la presentación, se enumeraron las problemáticas consideradas centrales como: 1) Aumentos sostenidos y desproporcionados en las cuotas de medicina prepaga, sin mejoras equivalentes en la calidad o continuidad de las prestaciones. Entre enero y mayo de 2025 se han registrado incrementos mensuales del 2 % al 4 %, acumulando una suba anual que supera largamente los niveles inflacionarios, con un impacto regresivo directo sobre familias que afrontan tratamientos complejos y crónicos. 2) Segmentación económica creciente del sistema, que agrava la desigualdad estructural y afecta especialmente a las personas con discapacidad, dificultando la continuidad terapéutica e imponiendo barreras que contravienen los principios de accesibilidad universal. 3) Interrupciones reiteradas de tratamientos esenciales, motivadas por demoras injustificadas en autorizaciones, mora en los pagos a prestadores y falta de actualización arancelaria. Estas circunstancias comprometen gravemente la evolución clínica y la calidad de vida de los pacientes, vulnerando su derecho a la salud integral. 4) Demoras superiores a los 100 días en los pagos a prestadores, que desfinancian a las instituciones especializadas, desalientan la atención profesional y fuerzan la suspensión de servicios clave en la red prestacional. 5) Ausencia de fiscalización efectiva, particularmente en el ámbito de la discapacidad. La falta de seguimiento sistemático de los reclamos, la tolerancia frente a incumplimientos reiterados y la ausencia de sanciones con efecto real, debilitan los principios de equidad, legalidad y protección que deben regir la política pública sanitaria. 6) Judicialización como única vía eficaz de acceso, tornando antieconómico el sistema y dejando sin respuesta a quienes no disponen de recursos o asesoramiento legal, reproduciendo una lógica de exclusión y agravando la brecha de desigualdad. 7) Debilitamiento de las Delegaciones de la Superintendencia de Salud que se han convertido meramente en mesas receptoras de reclamos y elevación a sede central, cuando la premura del derecho a la salud, requiere intervención inmediata y efectiva ante el incumplimiento de las prestaciones médicas. Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, observa que la garantía institucional del acceso a derechos en condiciones de justicia, oportunidad y continuidad, se ha desdibujado. Esta situación no es neutra: consolida un patrón de desprotección, hacia un grupo vulnerable que requiere del cumplimento de las prestaciones médicas. Por ello, en observancia de nuestro mandato legal de proteger los derechos colectivos e intereses difusos, se requirió formalmente a la Superintendencia que: * Diseñe, comunique y publique las estrategias administrativas y de política pública en curso o proyectadas, orientadas a asegurar una atención integral, equitativa y sostenida para las personas con discapacidad y demás afiliados de obras sociales y de empresas de medicina prepaga, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. * Articule e implemente mecanismos de fiscalización efectivos, con poder sancionatorio real y cronogramas verificables de control, frente a entidades que incurran en incumplimientos. * Realice una evaluación urgente, integral y documentada, de la situación actual del sistema de salud en materia de discapacidad, incluyendo las prestaciones en el régimen de obras sociales, empresas de medicina prepaga y mecanismos de recupero, como así también, toda otra medida en beneficio de los afiliados.