La -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en nombre y representación de los usuarios de la vía pública, como así también de las rutas que surcan nuestro territorio, junto a familiares de víctimas de siniestros viales y referentes de la seguridad vial, “remitieron una formal presentación al actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como así también al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli y a Franco Mogetta, Secretario de Transporte, solicitando que no se cierre, clausure o fusione la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, entendiendo que esta decisión del Gobierno Nacional implicará un gravísimo retroceso en las políticas de prevención y control del tránsito, no solamente en Formosa, sino también en todo el País. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, la ANSV, fue creada en el año 2008 mediante la Ley Nº 26.363, siendo un pilar fundamental, en la reducción de la siniestralidad vial a través de la implementación de normativas, controles y campañas de concientización. Es por ello que, su eliminación, pone en riesgo avances claves como la Licencia Nacional de Conducir, la unificación del control de antecedentes, el sistema de scoring, la coordinación de operativos y la Línea 149 opción 2 (Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales), que brinda asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales en todo el país. Es que mueren aproximadamente cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito, según lo afirmado por el presidente Javier Milei en su discurso de asunción, reconociendo la gravedad del problema. Sin embargo, la posible destrucción de la ANSV atenta contra la continuidad de políticas públicas efectivas que han salvado vidas. La desarticulación de este organismo generaría un aumento en la cantidad de muertes evitables y la falta de un marco regulador uniforme en el país. El Funcionario Provincial, añadió que, la ANSV cuenta con financiamiento propio en más del 80% de su patrimonio desde su creación, a través de contribuciones de aseguradoras, lo que garantiza su independencia y capacidad operativa sin generar costos adicionales al Estado y es por ello que entendemos que se debe mantener esta Institución, para continuar trabajando en el fortalecimiento de medidas y acciones, como así también, en políticas públicas en materias de seguridad vial, construyendo una mayor y necesaria cultura vial responsable.