Desde las comunidades originarias de Formosa, "repudiamos enérgicamente esta decisión, que consideramos un ataque directo a nuestros derechos y nuestra identidad", expresó con mucha preocupación Catalino Sosa, director de la Etnia Toba de la provincia.

"Este gobierno ha demostrado una vez más su desprecio por la legislación que protege nuestros derechos. La derogación de la Ley 26.160 es solo una de las muchas medidas que han tomado para debilitar nuestra autonomía y nuestra capacidad para gestionar nuestros propios territorios", lamentó el dirigente originario.

Asimismo recordó que esta Ley era fundamental para la protección de "nuestros derechos a la tierra, la salud, la educación y la participación política. Su derogación es un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia para los pueblos originarios".

"Exigimos al gobierno que revierta esta decisión y que trabaje para fortalecer la legislación que protege nuestros derechos. También llamamos a la sociedad en general a que se una a nosotros en la lucha por la defensa de nuestros derechos y nuestra identidad", sentenció finalmente.

La Norma 

La Ley 26160 de Argentina es una normativa que establece la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país y que busca proteger sus derechos a la tierra, la educación, la salud y la participación. 

La ley fue sancionada en 2006 y tiene las siguientes características:

Declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas 

Suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que busquen desalojar a las comunidades indígenas 

Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas 

Crea un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas 

La ley se basa en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. 

La ley ha sido prorrogada en tres ocasiones: en 2009, 2013 y 2017. En 2021, la senadora Nora Giménez presentó un proyecto para extender la vigencia de la ley hasta 2025.