Del mismo tomaron parte autoridades nacionales, como el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, y ministros de la Producción y de Agricultura de todas las provincias, entre ellas Formosa a través del licenciado Rodríguez, titular del MPyA. 

El CFA, que fue creado en 1990 (Ley N° 23.843), es un organismo de asesoramiento y consulta por parte del Poder Ejecutivo Nacional en todas aquellas cuestiones atinentes al sector agropecuario y pesquero, con impacto en las economías regionales o provinciales. 

Se trata de un foro federal de concertación de políticas que reúne a las más altas autoridades públicas provinciales y nacionales en materia agropecuaria y pesquera.

En ese marco, el ministro Rodríguez marcó la férrea postura de la provincia de Formosa, al expresar en un primer término la necesidad que desde el CFA se promueva la construcción de políticas verdaderamente federales y diferenciadas, desde la periferia hacia el centro. 

A su vez, manifestó que este modelo de producción que impera en la Argentina hace vista ancha sobre las economías regionales y genera desarraigo, apuntando contra las decisiones del actual Gobierno Nacional de eliminar áreas claves que atentan contra las estructuras que ejecutan políticas ligadas a líneas de financiamiento y asistencia productiva. 

Y a modo de ejemplo, nombró a la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). 

Declaró asimismo que la liberación de la importación de alimentos “es no priorizar el trabajo de los argentinos”, sosteniendo además que la infraestructura rural para la producción se trata de “una necesidad para el desarrollo productivo de las provincias”, tales como agua, caminos, energía y conectividad. 

En ese sentido, el titular del MPyA dejó en claro que la paralización de obras públicas, como la del Acueducto de la Ruta Nacional Nº 86 en Formosa, “va en contra de los intereses de los productores formoseños”. 

Por último, aseveró que el Gobierno Nacional adeuda $601 millones a la provincia por la última declaración de emergencia agropecuaria, homologada mediante el Decreto 12/23, convenio firmado por la Secretaría de Bioeconomía y a la espera de que su tesorería gire los fondos gestionados oportunamente.