La -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “denunció fuertes aumentos en la leche, arroz, azúcar, aceite, harina, carne y otros alimentos que componen la Canasta Básica Alimentaria, en porcentajes que se ubican entre el 25 y 30% al iniciarse el último mes del año”. A esto se le deben sumar actualizaciones en los alquileres, nuevos incrementos en todas las empresas de telecomunicaciones, cable, telefonía e internet, así como en las prepagas y se esperan próximas subas en las tarifas de los servicios públicos, del transporte urbano de pasajeros de media y larga distancia, así como también en las tarifas de energía eléctrica, agua potable, gas envasado y combustibles “con la eliminación de toda clase de subsidios, que en los primos 10 meses del 2023 sumaron 5,3 billones de pesos según informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el CONICET”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, en la actualidad, la Secretaria de Comercio a cargo de Matías Tombolini, dentro del Organigrama del Ministerio de Economía, “no está cumpliendo ninguna función y en los hechos las empresas productoras de alimentos, junto a los mayoristas se encuentran imponiendo precios irracionales e injustificados a los alimentos”. El Funcionario Provincial señaló que, el Presidente electo ya consagrado como tal por la Asamblea Legislativa, ha afirmado que desregulará totalmente la economía argentina y si cumple la decisión de sincerar los valores de los servicios públicos, los mayores costos operativos de la industria, proveedores y otros, “serán pagados por el consumidor final”. Institucionalmente entendemos que el “shock o choque” podrá anunciarse para el nuevo plan económico, pero su implementación debería recurrir necesariamente a “cierto gradualismo”, porque de lo contrario, se expondría a los más de 20 millones de pobres, a los 4 millones de indigentes y al resto de los consumidores, a la imposibilidad de afrontar, con los actuales salarios públicos y privados, “un salto inflacionario con precios de alimentos, medicamentos y servicios esenciales fuera de la capacidad adquisitiva de todos”, con probabilidades de conmociones sociales en todo el país, que rechazamos absolutamente, pues es necesario que se adopten las medidas necesarias que eviten estas situaciones y que permitan a los precarizados, a los desocupados, a los comedores comunitarios y merenderos, continuar con las asistencias que el Estado está obligado a prestar en este momento.