El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que la decisión de mantener el viejo índice de inflación del INDEC tiene efectos directos sobre jubilaciones, salarios, planes sociales y pobreza. Al postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, no solo tiene impacto estadístico, sino consecuencias directas sobre los ingresos de millones de argentinos y sobre variables clave de la economía, como el Producto Bruto Interno (PBI) y los niveles de pobreza. El actual esquema mantiene ponderaciones basadas en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2004, a pesar de que ya existe una versión más actualizada correspondiente a 2017/18. Esta demora provoca que el IPC continúe subestimando la inflación real, especialmente en rubros que hoy pesan mucho más en el bolsillo de las familias, como tarifas, transporte, salud y servicios privados. La postergación no es técnica sino política. “Las nuevas ponderaciones ya están disponible hace años e incluso la CABA las aplica, el retraso responde a que el Gobierno Nacional impulsó fuertes cambios en los precios relativos, como la quita de subsidios e incrementos en servicios públicos esenciales y decidió no actualizar el índice hasta que ese proceso esté cerrado”. Un informe de la Defensoría de la Tercera Edad, advierte que, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberían ser un 21% más altas si se hubiera actualizado la canasta de inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En términos acumulados, cada jubilado que cobra la mínima perdió en ese periodo $1.032.000 solo por la diferencia del índice inflacionario. A ese recorte se suma el congelamiento del bono de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024, elevando la pérdida total a más de $2.401.483 por beneficiario. Al demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Indice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, se está alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe). En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando “hasta que se complete el proceso de desinflación”, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos resultarán más altos que los que ahora se informen. Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Hace rato que varios indicadores como el de los “ingresos de los trabajadores no registrados, el de “pobreza”, incluso la evolución de los salarios registrados a través de la EPH, vienen dando informaciones raras o poco consistentes, con lo cual la desactualización de la canasta del INDEC agrava la situación económica y social de jubilados, asalariados, inquilinos y deudores de créditos, toda vez que el IPC continúa subestimando la inflación real por decisión del Gobierno Nacional.