Respecto al artículo 54, que establece cómo financia sus gastos la provincia, la nueva redacción incorpora como fuentes de recursos los empréstitos, los fondos del régimen federal de coparticipación y los ingresos derivados de competencias no delegadas.

El convencional constituyente Adrián Muracciole señaló que la reforma de este artículo busca adecuar el texto a las condiciones recientemente aprobadas sobre el endeudamiento provincial. En ese sentido sostuvo: "La modificación que se propone está referida a adecuar a lo que se ha aprobado, referido a las condiciones del endeudamiento provincial. Por lo tanto, era necesario aclarar que ahora los empréstitos forman parte de las fuentes que la provincia puede utilizar para financiar sus gastos. Además era necesario aclarar que la provincia tiene recursos propios que era necesario defender".

Entre las modificaciones aprobadas al artículo 62, que regula la elaboración, presentación, aprobación y ejecución del Presupuesto Provincial, se estableció que el Poder Ejecutivo deberá presentar dicho presupuesto con treinta días de anticipación a la finalización del período de sesiones ordinarias. La reforma apunta además a garantizar el equilibrio fiscal consolidado del sector público.

Por otro lado, se estableció que la responsabilidad es compartida entre todos los actores del Estado, incluyendo al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a los entes autárquicos, quienes deberán adecuar sus presupuestos a las pautas generales establecidas. Además, se dispuso que, al cierre de cada ejercicio, los poderes del Estado, organismos y entes mencionados deberán cumplir con las previsiones fiscales aprobadas en el presupuesto.

“Este artículo nos parece importante para que en un futuro, ningún irresponsable comprometa las finanzas públicas del pueblo de Formosa y garantice que el Estado va a seguir siendo eficiente en la administración de los fondos públicos, que no se va a endeudar y que va a seguir garantizando las obligaciones que tiene para con la población”, agregó Adrián Muracciole, miembro informante de las modificaciones.

Además, la Convención aprobó la incorporación de tres nuevos incisos al artículo 82, con el objetivo de fortalecer los derechos y los espacios laborales. El primero establece mecanismos de control y sanciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos laborales. El segundo protege a los empleados frente al acoso y cualquier forma de violencia en el ámbito laboral, incluyendo la violencia de género. El tercero promueve la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda discriminación en el empleo.

“Con la incorporación de estos incisos estamos dando un paso fundamental en la defensa de los derechos laborales, en toda su dimensión. El trabajo debe ser un ámbito de respeto, no de miedo. Cuando protegemos al trabajador y a la trabajadora, protegemos la dignidad humana”, destacó la convencional Graciela Acosta.

En concordancia con la exposición de Acosta, la convencional Blanca Almirón agregó: “Con incorporación de estos incisos, estamos diciendo con claridad y firmeza, que en nuestra provincia no hay lugar para la explotación, la violencia ni para la discriminación”.

Asimismo, se aprobó la incorporación de dos nuevos artículos. Uno de ellos reconoce la actividad física y el deporte como derechos humanos fundamentales, y establece que el Estado fomentará la práctica deportiva en todas las etapas de la vida, destacando al deporte comunitario como una herramienta clave de inclusión, participación y desarrollo social.

Sobre esta incorporación, el convencional Mario Romay detalló: “Incorporar el deporte como un derecho constitucional es garantizar que cada formoseño tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse en su comunidad. El deporte no es un lujo, sino una herramienta de inclusión social, de integración, de formación de valores, de construcción colectiva y una política esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”.

Por último, la Convención Constituyente sumó un artículo en la sección del Poder Judicial, que establece que la justicia emana del pueblo y será administrada por magistrados designados conforme a la Constitución, quienes actuarán únicamente bajo la autoridad de la ley.