“Actualizar y adecuar la regulación de recursos de amparo, a los estándares establecidos por nuestra Constitución nacional. La redacción actual del artículo 23, fue innovadora en su momento, pero hoy resulta restrictiva y parcial”, argumentó la convencional Valeria Méndez al fundamentar el cambio.

Sobre el artículo 24, Méndez agregó: “En la modificación del artículo 24 se agregaría el derecho a la identidad. Es un artículo profundo en su contenido y vital en su significado. Cuando hablamos de identidad, no solo hablamos de una inscripción en un registro, sino que hablamos de la esencia del ser humano. Hablamos de ser reconocidos como sujetos de derechos. Con nombre, vínculos, derechos civiles, políticos y sociales, pero sobre todo hablamos de historia”.

Junto a estas modificaciones, se incorporaron dos nuevos artículos al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías. Uno de ellos reconoce los derechos de las víctimas de delitos penales, garantizando trato digno en los procesos judiciales, respeto y protección de su intimidad e información sensible.

“Las víctimas en el proceso penal han sido relegadas a un plano secundario en el proceso, porque se centran los derechos en una sola parte que es el imputado. Entendemos que es imperioso reconocer el verdadero significado de qué es una víctima. El Estado debe garantizar la protección, seguridad y la participación en la búsqueda activa de la justicia”, expresó la convencional informante Blanca Almirón.

Desde una postura crítica, el convencional Pablo Miguez manifestó su desacuerdo con esta incorporación: “Creemos que el Estado tiene que ser lo más chico posible”.

Otro avance significativo fue la incorporación del derecho al hábeas data, que permite a los ciudadanos acceder, rectificar o suprimir sus datos personales en bancos de datos públicos o privados, además de resguardar el secreto de las fuentes periodísticas.

“El hábeas data es mucho más que una garantía individual. Es una herramienta de protección, en un tiempo en que los datos personales son el nuevo oro digital. Su resguardo constitucional representa un acto de autonomía personal”, señaló la convencional Grissel Insfrán.

En materia ambiental, se creó un nuevo capítulo titulado “Régimen Ambiental” y se reformó el artículo 38. Entre los cambios se establece el derecho de la comunidad al acceso al agua en condiciones adecuadas y a un costo justo, y se determina la responsabilidad del Estado en implementar políticas sostenibles de manejo hídrico. También se prevé la creación de áreas protegidas y se afirma el derecho provincial a participa coordinadamente en lo referente a los parques nacionales ubicados dentro del territorio formoseño.

El artículo 38 reformado refuerza el derecho a un ambiente sano, establece la obligación del Estado de proteger la biodiversidad, prevenir la contaminación y promover la educación ambiental. 

En el marco del debate, el convencional Rodrigo Vera remarcó: “Debemos cuidar los recursos naturales para el aprovechamiento de las generaciones presentes y de las futuras. Además, incluyendo la cuestión social, porque cada vez que hay daño ambiental, ese daño afecta desproporcionadamente a las personas más humildes. Debemos cuidar nuestra casa común. Esa casa común, que es el ambiente, es responsabilidad de los ciudadanos y de los Estados”.

En disidencia, el convencional Pablo Miguez insistió: “Déjennos que podamos decidir en libertad lo que es cambio climático o no es cambio climático. El cambio climático no está aprobado, no tiene base científica”.