“Vetar una ley que buscaba garantizar lo básico, como prestaciones de salud, transporte y atención integral, para una población que ya atraviesa una situación crítica, es una crueldad inexplicable. No hay equilibrio fiscal que justifique semejante atropello a los derechos humanos más elementales”, sostuvo la funcionaria.

El argumento esgrimido por el Gobierno nacional, que insiste en que leyes como esta y el aumento en las jubilaciones afectan la estabilidad económica, ha sido duramente cuestionado por distintos sectores políticos y sociales. Para la ministra Giménez, se trata de una visión profundamente mercantilista e insensible, que pone números por encima de la dignidad humana.

“Es un desprecio sistemático por la vida de los más vulnerables, un acto de violencia institucional que no podemos naturalizar. Frente a tanto desprecio y tanto destrato, desde Formosa levantamos una vez más la voz y reafirmamos que acá, el Estado provincial no da la espalda. Acá se sostiene, se abraza, se acompaña y se lucha por más derechos”, afirmó.

La ministra recordó que el Gobierno de Formosa, bajo el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán, sostiene políticas públicas inclusivas que garantizan una vida digna a las personas con discapacidad y a sus familias, como a los adultos mayores. “Así tengamos que redoblar los esfuerzos, vamos a seguir resistiendo con políticas que no recortan derechos, sino que los amplían. Esa es nuestra convicción. Ese es nuestro compromiso”, subrayó.

Desde el inicio de la gestión libertaria, la política de ajuste ha golpeado con particular dureza a sectores postergados. La discapacidad y las personas mayores, lejos de ser una prioridad para el Gobierno nacional, parece estar entre las primeras víctimas del desfinanciamiento estatal. Ante ese escenario, el Gobierno de Formosa se planta con presencia, con humanidad y con una clara decisión política de no abandonar a quienes más lo necesitan.