El Gobierno detectó irregularidades y suspendió a 8.588 cooperativas de trabajo e intimó a otras 7.887
Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Capital Humano. Fue el sector más beneficiado en la administración de Alberto Fernández. Recibieron más de $26 mil millones en subsidios. Un tercio fueron derivados a entidades vinculadas a los movimientos sociales peronistas
>El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), finalizó una extensa auditoría sobre las cooperativas y mutuales. El relevamiento arrojó datos “sorprendentes”, según el adjetivo utilizado por un integrante de la Casa Rosada. Derivó, por ejemplo, en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales. También se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, como los registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios que recibieron por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización.Las cooperativas y organizaciones civiles fueron las grandes beneficiadas entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023, es decir, hasta la llegada al poder de La Libertad Avanza. Durante este período, recibieron de la administración Fernández más de $26.000 millones de pesos. Las principales beneficiarias fueron entidades vinculadas a figuras como Emilio Pérsico, Juan Grabois, Juan Carlos Alderete y Daniel Menéndez, a través de cooperativas y organizaciones civiles asociadas con sus movimientos sociales: el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie.Además, cada una de estas organizaciones tenía dirigentes que ocupaban cargos clave en el ex Ministerio de Desarrollo Social, el cual era responsable de derivar esos fondos a las entidades ligadas al kirchnerismo a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron alrededor de $5 mil millones.
Pero eso no es todo. Como se detallará más adelante, una veintena de esas cooperativas, también ligadas al anterior oficialismo, fueron cerradas y sancionadas por estar involucradas en escandalosas causas judiciales, como la de los seguros o los “guardapolvos fantasma”, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos. Los tribunales también investigan un posible “lavado de dinero” a través de estas organizaciones.
La auditoría del INAES, a cargo de Marcelo Collomb, detectó un “sorprendente crecimiento del 139% en el padrón de cooperativas en apenas cuatro años”, un hecho que puso en alerta al instituto. La cantidad de cooperativas registradas pasó de 9.978 en 2019 a 23.836 en 2023. A simple vista, esto parecía un signo positivo. Sin embargo, la magnitud de este aumento —dominado casi por completo por cooperativas de trabajo, que representaron el 97% del crecimiento— desató una serie de investigaciones que revelaron un laberinto de irregularidades. Estas irregularidades no solo cuestionaron la legitimidad de muchas de estas organizaciones, sino que también llevaron al INAES a tomar medidas drásticas para reordenar el sector cooperativo y del mutualismo.Collomb reemplazó, a solicitud de Pettovello, a Alexandre Roig, un académico y político francés que también es dirigente del Movimiento Evita, la organización liderada por Pérsico, el ex secretario de Economía Social de la ex cartera de Desarrollo Social. Roig estaba a cargo del principal programa de esa repartición, el Potenciar Trabajo, después del Alimentar. De ese programa se derivaron casi cinco mil millones de pesos a las cooperativas vinculadas. Por esa razón, primero la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, y después el Ministerio de Pettovello, denunciaron a Pérsico y Roig, entre otros ex funcionarios, por “estar de los dos lados del mostrador” y no controlar el destino de esos fondos estatales.
“El hecho del crecimiento del padrón, la falta de acción sobre las entidades suspendidas y el análisis preliminar del nivel de cumplimiento llevó a la necesidad de definir un Plan de reordenamiento y control del padrón de cooperativas y mutuales”, señaló el INAES en un comunicado oficial.
El 27 de marzo de 2024, en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno suspendería la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, lo que afectaría a más de 11.000 entidades. Detalló que la medida “se tomó tras detectar múltiples irregularidades, como la falta de presentación de balances y asambleas, y la repetición de asociados y domicilios entre las cooperativas”. La cifra se vuelve aún más relevante si se considera que, sumando las cooperativas ya suspendidas y las que están “en proceso de suspensión y sumarios”, se alcanza un total de 16.473.Según la documentación oficial a la que accedió este medio, antes de que el Frente de Todos dejara el poder, el 10 de diciembre de 2023, se inscribieron cientos de cooperativas, algunas de las cuales fueron beneficiadas con contratos y convenios desde la ex cartera de Desarrollo Social. El relevamiento del INAES determinó que “para las entidades inscriptas en 2023, y considerando que no se había vencido el plazo para la presentación de la documentación de sus asambleas y balance, se procedió a realizar relevamientos de todas ellas. Más de la mitad no pudieron ser realizados por no encontrar a las entidades o por falta de respuesta de estas”, hechos que, según explicaron los funcionarios a Infobae, “va a derivar en la suspensión de dichas entidades y la apertura de los correspondientes sumarios”.El INAES también apuntó a las entidades vigentes que estaban registradas hasta 2022 y que no habían presentado la documentación obligatoria desde 2017, o desde su creación si esta fue posterior a esa fecha. Para estas entidades, el instituto emitió una intimación clara: debían regularizar su situación o enfrentar consecuencias legales.
“Para todas aquellas entidades que no regularicen su situación en el correspondiente sumario, se procederá con el retiro de la autorización para funcionar”, advirtió el INAES.
Desde el INAES se observó que “el proceso de reordenamiento en cooperativas y mutuales no solo busca depurar un registro que, por años, se infló sin control, sino también restablecer la confianza en un sector que es fundamental para la economía social del país”. Los funcionarios consultados también destacaron que “el plan de acción del INAES continúa con el objetivo de recuperar la legalidad y transparencia en un sector que operó en la oscuridad y sin control”.COMPARTIR:
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