La Defensoría del Pueblo, participó virtualmente de la -Reunión Informativa- que se llevó a cabo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación que preside la Diputada por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning, “y donde los diputados y funcionarios intervinientes dejaron expresada su postura centrada en: -la necesidad urgente de contar con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que al menos compense la inflación de enero del 20,6%, en tanto, los representantes oficialistas continúan insistiendo con la viabilidad del DNU 274/24”. La Presidenta de la Comisión, Gabriela Brouwer, expresó que el Gobierno Nacional está tomando como una variable de ajuste a las jubilaciones y que la mayoría de los bloques coinciden en que es necesario mejorar sustancialmente los haberes jubilatorios. Asimismo, entendió que si bien el D.N.U otorgo una ‘‘solución parcial’’ a esta temática, no es acorde al deterioro de los haberes, motivo por el cual actualmente se discuten tres puntos básicos: 1) En primer lugar, si bien es cierto que el gobierno nacional ha otorgado un incremento extraordinario del 12,5% con el fin de recomponer el haber, ‘‘solo en Enero hubo un 20,6% de inflación’’, razón por la que es necesario, mejorar ese porcentaje. 2) Por otro lado, se discuten los Bonos atento a que se trata de una “política discrecional para aumentar de manera significativa los haberes”, planteándose la pregunta de ¿Qué pasaría si dejan de pagarse los mismos? ‘‘Lo que demuestra que es necesario garantizar un haber mínimo en base a un índice determinado’’.  3) Por último, se planteó la posibilidad de incluir una ‘‘clausula gatillo’’ junto con un índice al consumidor, con el fin de que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo ante la inflación.  Seguidamente, sostuvo que, si se quiere lograr un equilibrio fiscal, este debería ser costeado por quienes tienen mayor capacidad contributiva y los jubilados y pensionados no forman parte de ese sector. El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, entendió como necesario que en el Congreso se aborde la temática, a lo cual, Gabriela Brouwer, respondió, que coincide en el punto, informando que todos los dictámenes deben ser tratados por la Comisión del Presupuesto, pero que hasta el momento José Luis Espert no quiso iniciar un Plenario para tratar la presente cuestión. La Defensora del Pueblo de Rio Negro, Adriana Santagati, manifestó su preocupación ante la existencia de dos realidades distintas, una referida a los jubilados y pensionados y otra a los tiempos que maneja el Congreso. Denunciando que un alto numero de jubilados cobran $200.000 cuando la canasta básica hoy esta valuada en $680.000 y se han aprobado aumentos de hasta el 1.400% para el gas y 500% para la energía eléctrica, por lo que es importante que dicha realidad sea conocida. En este marco, solicitaron también, la ampliación y aumento de los montos de las prestaciones alimentarias, aclarándose que la AUH “no es un plan ni programa asistencial, es un Derecho Humano a la seguridad social que se desprende del art. 26 de la Convención de los Derechos del Niño”. Se denunció que, en el país hoy hay 12.200.000 niñas/os y adolescentes, de los cuales aproximadamente, 12.053.000; alrededor de 4.000.000 cobran la AUH y 5.500.020 cobran las asignaciones familiares que los trabajadores llamamos salario familiar. El 58,5% de las niñas, niños y adolescentes vive en hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y el 18,9% vive en hogares en los que los ingresos no cubren la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Respecto al -Programa Progresar-, también se solicitó su actualización, como además el de otros programas como el de Acompañamiento de Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), Ley Brisa y la Ley Nº 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia conocida como Ley 1.000 días.